EEUU eleva la recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a 25 millones de dólares por cada uno

El día de la vergonzosa toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente ilegítimo de Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares la recompensa por informaciones que faciliten el arresto o la condena del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros 25 por Diosdado Cabello, dentro de un nuevo paquete de medidas que incluye también sanciones contra funcionarios vinculados a instituciones chavistas y con el que Washington quiere dejar claro que el opositor Edmundo González es el «presidente electo».

Ya hace cuatro años, en 2020, EEUU ofreció la primera recompensa de 15 millones de dólares por Maduro, 10 por Diosdado Cabello y otros 10 por Hugo el pollo Carvajal.

Washington considera que Edmundo González es el  presidente legítimo del país al ganar las elecciones del verano. Es él «quien debería haber jurado hoy el cargo de presidente», ya que existen «pruebas irrefutables» de que se impuso en los comicios del 28 de julio. «Lamentablemente, Maduro ha lamentado una vez más su completa falta de respeto por las normas democráticas y ha seguido adelante con una investidura ilegítima», indican fuentes de la Administración de Joe Biden.

Como respuesta, Washington ha elevado de 15 a 25 millones de dólares la recompensa contra Maduro, la máxima cantidad contemplada como contraprestación por información de personas señaladas por narcotráfico en Estados Unidos. También se ofrece la misma cuantía por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, figura clave del chavismo.

El Gobierno norteamericano introduce también una nueva recompensa para facilitar la detención del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por quien se ofrece hasta 15 millones de dólares.

Además, la Administración Biden quiere ampliar sus restricciones de viaje contra personas vinculadas a actos de represión o al proceso electoral, mientras que el Tesoro norteamericano ha adoptado un nuevo paquete de sanciones económicas contra varios altos cargos del Gobierno y de empresas estatales como la petrolera Petróleos de Venezuela SA y la aerolínea Conviasa.